La justicia ordinaria de los tribunales de la ciudad de Madrid ha vuelto a dar la razón a las federaciones autonómicas demandantes (Asturias, Cantabria, Galicia, Catalunya, Comunidad Valenciana, Islas Baleares, Castilla La Mancha, Ceuta, y Región de Murcia), en este caso en su demanda contra la FEP por las cuotas de licencias aprobadas por la Asamblea de la FEP del 25 de enero de 2020, según la justicia, en fraude de ley.
La demanda ha sido resuelta en fecha 22 de febrero de 2021 por el Juzgado no 102 de Madrid, declarando que el acuerdo adoptado en la Asamblea General de la FEP el 25 de enero de 2020 presidida por Alfredo Garbisu, de aprobación de cuotas de afiliación o integración en la FEP es nulo por haberse adoptado en fraude de ley, al no contar con las mayorías precisas para su aprobación. La sentencia condena a la FEP a restituir a las federaciones autonómicas las cantidades económicas que hubiera percibido en tal concepto con los intereses correspondientes, y al pago de las costas procesales. La sentencia puede ser apelada por la FEP.
Esta sentencia favorable a las federaciones demandantes por lo sucedido en la Asamblea de la FEP de 2020 se añade a la sentencia también favorable a las federaciones autonómicas por lo sucedido en la Asamblea de la FEP de 2019, presididas en ambos casos por Alfredo Garbisu, en la cual también la justicia resolvió que el acuerdo relacionado con el reparto del importe de las licencias se adoptó en fraude de ley, sentencia esta de 2019 que ha sido apelada por la FEP.
Una vez más, la justicia ha dado la razón a las federaciones autonómicas demandantes, siendo ambas sentencias correspondientes a los ejercicios 2019 y 2020 favorables a dichas federaciones. Se abre ahora un nuevo escenario de negociación y acuerdo, más complejo si cabe, al tratarse de dos sentencias favorables a las federaciones autonómicas, producidas consecutivamente el 5 de enero y 22 de febrero de 2021, respectivamente.
Confiamos nuevamente en que las federaciones autonómicas y la Federación Española sabremos alcanzar un acuerdo justo y satisfactorio que restablezca los daños económicos, institucionales y deportivos causados por la adopción de estos acuerdos asamblearios de 2019 y 2020, según la justicia, adoptados en fraude de ley.
